Aviso legal
Identificación del titular
Titular: Edgar Wild Alonso, profesional autónomo. Nombre comercial: STI@24, marca registrada. NIF: 45384771-K. Domicilio profesional: C/ Litoral 33, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España. Correo: info@sti24.eu. Teléfono: +34 619 44 48 58. Sitio web: www.sti24.eu.
Objeto del sitio
Esta web presenta los servicios de consultoría, implantación, acompañamiento tecnológico y soporte informático de STI@24. La información permite conocer los servicios y solicitar atención o presupuesto; por sí sola no formaliza una contratación. El alcance, precio, plazos y condiciones se acuerdan antes de iniciar los trabajos.
Uso de la web
Utiliza el sitio de forma lícita y respetuosa con los derechos de terceros. No está permitido intentar acceder sin autorización a sus sistemas, introducir código dañino ni interferir en su funcionamiento. El titular procura mantener la información actualizada y corregirá las incidencias que se le comuniquen, sin limitar los derechos que legalmente correspondan a los usuarios.
Propiedad intelectual y marca
El nombre STI@24 y su logotipo identifican una marca registrada. Los contenidos, diseño, fotografías y demás materiales están protegidos conforme a los derechos de sus respectivos titulares. Su presencia en la web no implica una cesión de derechos. Cualquier reutilización requiere autorización o una habilitación legal aplicable. Las marcas de productos y herramientas citados pertenecen a sus titulares.
Enlaces y asistencia remota
Los enlaces a LinkedIn, WhatsApp, TeamViewer y AnyDesk conducen a servicios independientes, sujetos a sus propias condiciones. La descarga de una herramienta no inicia ni contrata automáticamente una sesión de soporte. La asistencia se acuerda previamente y requiere la autorización del usuario para la conexión.
Privacidad
El tratamiento de los datos facilitados en consultas y comunicaciones se describe en la Política de privacidad de esta web. La navegación no equivale a consentir tratamientos publicitarios.
Normativa aplicable
Se aplicará la legislación española y europea que corresponda. Cualquier controversia se someterá a los órganos competentes según las normas aplicables, respetando los derechos y fueros imperativos de las personas consumidoras.